La novedosa propuesta fue elaborada por un grupo de especialistas que trabajaron en su confección desde el año 2016 y contempla principios específicos en materia de derecho de consumo, la regulación de procesos colectivos y medidas autosatisfactivas.
El juzgado admitió la competencia en materia de consumo luego de la reciente sanción del Código Procesal específico para la Ciudad de Buenos Aires.
Los fundamentos de la medida son la “desburocratización” y la “optimización” de recursos, al considerar que sus funciones ya las realizaban otras dependencias y que ocasionaba un gasto de 650 millones de pesos por año.